Derechos de acceso y extensión: qué cuesta subir la potencia contratada

Cuando el análisis recomienda bajar la potencia, el cambio es gratis. Pides la modificación, la comercializadora lo tramita y el ahorro entra en la siguiente factura. Pero cuando la recomendación va en la dirección contraria —subir la potencia porque la actual se queda corta— hay un coste que mucha gente no anticipa.

Bajar potencia: sin derechos

Reducir la potencia contratada no genera derechos de acceso ni de extensión. No estás pidiendo más capacidad a la red; estás pidiendo menos. La distribuidora no tiene que hacer nada especial en la infraestructura. Como mucho, tu comercializadora puede aplicar una pequeña gestión administrativa.

Por eso, cuando el ahorro viene de bajar potencia, prácticamente todo es ganancia desde la primera factura.

Subir potencia: derechos de acceso y extensión

Contratar más potencia de la que tenías reconocida es pedirle a la red que te dé más capacidad. La distribuidora cobra esa ampliación con un pago único que incluye, a grandes rasgos:

• Derechos de extensión: el coste de ampliar la parte de red necesaria para darte esa potencia.
• Derechos de acceso: el importe por conectar esa nueva potencia al sistema.
• En su caso, actuaciones en el equipo de medida o verificación del ICP.

Son pagos puntuales, no recurrentes. Pero cambian el cálculo del retorno: el ahorro en excesos que justifica subir la potencia tarda más en compensar si hay que desembolsar ese importe primero.

La excepción: si ya tuviste esa potencia antes

Si en algún momento tuviste reconocida una potencia mayor y la bajaste, volver a subirla hasta ese nivel suele no generar nuevos derechos de extensión. La capacidad ya estaba pagada.

Eso significa que antes de bajar mucho la potencia, vale la pena pensar si podrías necesitar recuperarla pronto. Bajarlo y volver a subirlo puede costar más que haberlo dejado.

Cómo lo señalamos en el análisis

Cuando una recomendación sube potencia en algún periodo, el análisis lo avisa. El ahorro en el término fijo es un número; el coste de los derechos es otro. Las dos cifras tienen que estar delante para tomar la decisión bien. Las cuantías exactas las fija la normativa y las confirma la distribuidora.